Antecedentes históricos de la Cristiada II (La leyes liberales contra la Iglesia)

Mandil y banda de Benito Juárez

Desde las logias masónicas se daban las instrucciones a los liberales, para acotar, debilitar y arrebatar a la Iglesia Católica sus propiedades y la enseñanza; teniendo como modelo y antecedente, la sujeción que había ejercido la monarquía española hacia la Iglesia Católica a través del “Patronato”. Pero ya no se trataba sólo de sojuzgarla, ahora se trataba más bien de eliminarla. Los pasos a seguir serían la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Constitución de 1857, y finalmente la puntilla la darían las Leyes de Reforma de 1859.

Ley Juárez, Ley Lerdo, Constitución de 1857

A fines de 1855 se aprobó la Ley Juárez –llamada así por haber sido Benito Pablo Juárez García su autor-, la cual establecía que los asunto civiles pasarían a jueces ordinarios en lugar de hacerlo a tribunales eclesiásticos y militares. Interfiriendo en la vida de la Iglesia, se atentaba contra el Derecho Canónico al decretar que el fuero eclesiástico –conjunto de leyes y tribunales de la Iglesia- en los delitos comunes cometidos por clérigos y religiosos, era renunciable.

Cómo el Supremo Tribunal de Justicia protestó porque ésta ley no se discutió públicamente, fue disuelto.

La Ley Juárez provocó alzamientos aislados en la sierra de Puebla y en la sierra Gorda, que no tenían nada que ver con los conservadores.

Se inició una persecución contra civiles y militares conservadores, tal fue el caso de el destierro de Antonio Haro y Tamariz, el encarcelamiento de los generales Rómulo Díaz de la Vega, y Blancarte, del escritor Ignacio Aguilar y Machado, etc.

El congreso aprobó otras dos medidas antieclesiásticas como fueron la supresión de la Compañía de Jesús y la prohibición de los votos religiosos.

El 25 de junio de 1856 se promulgó la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y Religiosas ó Ley Lerdo –por haber sido preparada por Miguel Lerdo de Tejada-. Aunque también se le conoció como Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, la realidad era que, comprendía a propiedades arrendadas, tierras comunales indígenas, colegios, hospitales, orfanatos, casas de cuna, asilos, etc. La consecuencia de esta ley fue la desaparición de los servicios asistenciales que prestaba la Iglesia y la creación de latifundios al despojarse a las poblaciones indígenas de las tierras que la Corona española había respetado. Todas estas disposiciones fueron acogidas en la Constitución del 5 de febrero de 1857, que establecía en su artículo 3° el impedimento de la Iglesia a la educación, bajo el precepto de “libertad de enseñanza”. En el 5° desautorizaba los votos religiosos, condenando tácitamente la existencia de órdenes religiosas. Prohibió en su artículo 13° el fuero eclesiástico; y el militar quedo reducido a faltas contra la disciplina militar. El artículo 27° negó a las corporaciones civiles y eclesiásticas la capacidad de poseer bienes raíces, con la única excepción de los templos. El artículo 123 daba a los poderes federales la posibilidad de intervenir en materia de culto y disciplina externa, con lo que la Iglesia quedaba supeditada al gobierno.

Los primeros en desconocer la Constitución fueron los liberales moderados como el presidente Ignacio Comonfort, Manuel Payno, Juan José Baz, el general Félix Zuloaga, quienes mediante el Plan de Tacubaya pedían se estableciera un Congreso cuya misión sería “la de redactar una Constitución” que estuviese “en armonía con la voluntad de la nación, protegiendo los verdaderos intereses del pueblo”.

El acoso a los militares conservadores y a la iglesia fue lo que llevó a que se levantaran en armas generales como Luís G. Osollo y Miguel Miramón que tomaron la capital, ante lo cual el titubeante Comonfort (que luego habría de desconocer el plan de Tacubaya), dio tiempo a que Benito Juárez –que en todo momento estuvo al tanto de las decisiones de Comonfort-, fuera nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los representantes de 27 estados nombraron presidente interino al general Félix Zuloaga. Benito Juárez entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia huyó a Querétaro reclamando para sí la Presidencia, luego marchó a Guanajuato y a Guadalajara.

La Guerra de Reforma o Guerra de los Tres años

No fue sólo una guerra civil entre dos presidentes –Zuloaga y Juárez- motivada por la promulgación y posterior desconocimiento de una Constitución, mucho menos fue un conflicto alentado por el “alto clero”, fue resultado del atentado contra las creencias del pueblo eminentemente religioso. La influencia que si se advierte es la de Estados Unidos que a través del embajador Forsyth ofrece a Zuloaga el 22 de marzo de 1858, 25 millones de pesos por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo león y Tamaulipas, ofrecimiento que es rechazado y lleva a EE. UU., al rompimiento de relaciones con Zuloaga. En el terreno militar la ayuda económica y en armamento de última generación como los rifles de precisión Misissippi y Sharp ayudan a ganar batallas a los liberales. También se dan intervenciones directas de norteamericanos como el batallón de rifleros comandado por Joe Chesman que combate con Santos Degollado en Guadalajara. Cinco cadáveres de norteamericanos y el del capitán Green son encontrados entre los muertos de la batalla de Tacubaya, y las más ostensible es cuando el general Miramón sitia a Veracruz –donde se encontraba Juárez a su regreso de New Orleáns-, por tierra y mar; cuando repentinamente tres barcos de la marina estadounidense atacan a los 2 barcos mexicanos, capturándolos y conduciéndolos a New Orleans.

Es en esta época cuando se celebra el Tratado MacLane-Ocampo que concedía a EE. UU. el derecho de tránsito a perpetuidad por tres vías: una en el Istmo de Tehuantepec, otra de El Paso, Texas a Guaymas y otra de algún punto del Río Grande o Nogales a Mazatlán, más el permiso al gobierno estadounidense para proteger esas vías con soldados yanquis. Los derechos aduanales en dichas vías serían al arbitrio de EE. UU., es decir, México quedaba reducido a colonia de Estados Unidos.

Si bien el protocolo original contenía la cesión de Baja California a cambio de una indemnización, el texto definitivo denota un cambio en la política norteamericana que se refleja ya en la comentada misiva del 8 de noviembre de 1856 del embajador John Forsyth a William L. Marcy, cuando afirmaba “… ¿no podríamos nosotros gozar de todos los frutos de una anexión, sin sus responsabilidades y sus daños? ¿no podríamos nosotros asegurar para nuestros compatriotas el usufructo de los ricos recursos del territorio mexicano, sin el peligro de introducir en nuestro sistema social y político a las ignorantes masas del pueblo mexicano?” La geopolítica operó a nuestro favor en este caso, ya que las diferencias entre los estados de norte y del sur en Estados Unidos que se iban incrementando, hicieron que no fueran apoyadas las pretensiones de anexar más territorio mexicano, de una nueva invasión, ni la de aprobar el Tratado MacLane-Ocampo declarado como “infame” por senadores norteños. Otra situación que operó a nuestro favor fue que el 6 de noviembre de 1860 es elegido presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln, candidato de naciente Partido Republicano, cuya posición antiesclavista era conocida.

Las Leyes de Reforma

El gran santo del liberalismo

Expedidas a partir del 12 de julio de 1859 en Veracruz, eran desde su principio, anticonstitucionales y sin validez legal, dado que no fueron sancionadas por el Congreso. El manifiesto que las había precedido acusaba al clero de haber promovido y sostenido la guerra, a resultas de los cuál se expedían tales leyes. Era pues “el aniquilamiento del poder moral, político y monetario de la Iglesia” del que hablaba John Forsyth, en 1856.

Resumiendo estas leyes disponían:

· La confiscación por el gobierno de todos los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Iglesia.

· La supresión de todas las órdenes religiosas de varones, las órdenes de religiosas subsistirían hasta su extinción natural, puesto que se suprimían los noviciados y los votos religiosos.

· Establecimiento del matrimonio civil en lugar del eclesiástico.

· Establecimiento del registro civil, cuya función venía ejerciendo la Iglesia

· Secularización (estatización) de los cementerios, que anteriormente administraba la Iglesia.

· Supresión de fiestas religiosas, con prohibición a los funcionarios de gobierno para asistir en cuanto tales, a ceremonias religiosas.

· Implantación de la libertad de cultos (con excepción del católico, que quedaba sojuzgado al gobierno)

Simultáneamente el gobierno de Juárez, a través de Melchor Ocampo dio su apoyo en octubre de 1859, a una iglesia cismática, la “Iglesia Mexicana”, y apoyo la importación de ministros de Iglesias protestantes.

Finalmente el gobierno liberal de Juárez se establece en la capital del 25 de diciembre de 1860, aunque los jefes conservadores continúan al frente de grupos guerrilleros.

Se agregaron nuevas leyes reformistas a las ya existentes consistentes en:

· Secularización (estatización) de hospitales y establecimientos de beneficencia.

· Supresión de los cabildos eclesiásticos.

· Supresión de las comunidades religiosas, con excepción de las Hermanas de la Caridad.

Se persiguió a los obispos y católicos opuestos a la reforma y a los liberales que se oponían al Tratado MacLane-Ocampo.

La confiscación de los bienes de la Iglesia que fue a parar a manos de “eminentes liberales” no ayudo en nada al país, en tanto que las Leyes de Reforma si le crearon nuevas obligaciones burocráticas y económicas al gobierno como eran la administración de los servicios de registro civil y sobre todo de los servicios de educación, asistencia social y beneficencia pública que anteriormente proporcionaba la Iglesia y que sufragaba con los <<bienes de manos muertas>>.

Ante la quiebra de la economía juarista, la masonería estadounidense, previendo una posible intervención de Europa por la deuda acumulada, propuso a Juárez a través del embajador Tomas Corwin, un préstamo de once millones de pesos para que se pudiera pagar a los tenedores extranjeros de bonos mexicanos; obviamente el ofrecimiento llevaba una segunda intención: se garantizaría hipotecando a favor de los EE. UU., los terrenos públicos no vendidos y los bienes expropiados al clero. Si bien el presidente Lincoln estuvo de acuerdo al principio, finalmente ni él ni la mayoría del Senado quisieron ratificar el ahora Tratado Corwin-Doblado.

La consecuencia del desastre financiero del gobierno liberal fue la suspensión de pagos de la deuda externa, decretada el 17 de julio de 1861 y la consecuente intervención francesa.

¡Viva Cristo Rey!